Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

Reforma para sancionar toma de casetas es un primer paso contra obstrucción de vías: Concanaco Servytur México

• La Confederación demanda que los cambios legislativos se reflejen realmente en una acción expedita de las autoridades

La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que sanciona con hasta siete años de cárcel a quienes tomen casetas de cobro y se lucren de ello es un primer paso para garantizar el libre tránsito de personas y mercancías, derecho indispensable para la reactivación económica de México, consideró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México).

Dicha reforma adiciona al artículo 533 a la Ley de Vías Generales de Comunicación la posible sanción de “tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” a aquellos que “para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje”.

A pesar de que la reforma redujo la pena máxima contemplada (ahora es dos años menor), la Concanaco Servytur México considera positiva la inclusión específica en la Ley General de Vías de Comunicación del concepto de lucro, al ser cada vez más frecuente el secuestro de las casetas de peaje para pedir una aportación económica forzosa a cambio de garantizar el libre tránsito.

Sin embargo, esta reforma legislativa representa únicamente un primer paso para acabar con la inseguridad en las carreteras. Existen, apuntó el presidente de Concanaco Servytur México, Héctor Tejada Shaar, otras modalidades de obstrucción a vías férreas, por ejemplo, por supuestos motivos políticos o ideológicos, que laceran de igual manera la convivencia social y la economía de México.

De nada servirá cualquier reforma legislativa si, añadió el líder empresarial, las autoridades no intervienen de forma expedita para garantizar la paz social, pilar imprescindible para el crecimiento económico de nuestro país.

“Esta reforma legislativa debe ir acompañada de un compromiso firme por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacer cumplir las sanciones y conseguir así disuadir a los delincuentes de obstruir las vías de transporte, que son de todas y todos los mexicanos”, insistió. “De nada sirve tener leyes actualizadas si no existe la voluntad política de llevar a la cárcel a los responsables de afectar el comercio de nuestro país y bloquear las vías de comunicación”.

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