La necesidad de construir una protección social universal para las niñas y niños del mundo.
De acuerdo con recientes estudios realizados por la UNICEF y la OIT en conjunto, existe una necesidad urgente de crear una protección social universal para todas las niñas y niños bajo la premisa de ser una base fundamental para ayudar a los niños más vulnerables del mundo a alcanzar su potencial.
El hecho manifiesto de que la protección social tiene un impacto inmediato y profundo en la vida y el futuro de los niños es incuestionable. La protección social contribuye a aumentar el acceso a la alimentación, la nutrición, la educación y la atención de salud. Además, aporta resiliencia a los hogares y puede ayudar a prevenir el trabajo y el matrimonio infantil, y a hacer frente a los factores que conducen a la desigualdad y a la exclusión en relación con el género. Al abordar directamente la pobreza monetaria, la protección social también puede mitigar el estigma y la exclusión que sufren tantos niños que viven en la pobreza.
Alrededor del mundo, 1,770 millones de niños carecen de acceso a una prestación monetaria por hijo o prestación monetaria familiar; y aproximadamente 800 millones de niños subsisten por debajo del umbral de pobreza; hoy por hoy, los niños siguen teniendo el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza. No es exagerado decir que para las familias que se enfrentan a profundas dificultades económicas o que viven emergencias humanitarias, la protección social puede ser un salvavidas.
La inversión en protección social para los niños amplía las capacidades humanas y la productividad, y crea un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento económico y contribuye a unos sistemas fiscales y de transferencias más sostenibles que permitirán una mayor ampliación de la protección social para todos, incluidos los niños. No obstante, sin protección social, es menos probable que estas condiciones básicas para el bienestar se cumplan en la infancia, y que se creen condiciones difíciles de rectificar en etapas posteriores de la vida.
A pesar de sus efectos inmediatos y a largo plazo, 1,500 millones de niños menores de 15 años no tienen actualmente acceso a la protección social; además es muy preocupante que los avances en el aumento de la cobertura efectiva a nivel mundial lleven estancados desde 2016. Las cifras de cobertura efectiva muestran que las tasas correspondientes a los niños de 0 a 15 años no han progresado o incluso se han estancado. En 2020, solo el 26.4% de los niños menores de 15 años de todo el mundo recibían prestaciones monetarias de protección social (lo que equivale a 523 millones de niños que contaban con una cobertura efectiva y 1,460 millones sin ninguna cobertura), mientras que en 2016 la tasa de cobertura efectiva de los niños era del 27.2% (528 millones de niños que contaban con una cobertura efectiva y 1,410 millones sin ninguna cobertura). En conclusión, la población infantil ha aumentado, mientras que la cobertura efectiva de los niños disminuye.
Existen variaciones regionales significativas y preocupantes en la cobertura efectiva de los niños, y en algunas regiones el descenso es realmente preocupantes, tal es el caso de América, donde la cobertura cayó 6.4 puntos porcentuales, pasando del 63.8% al 57.4%. En otros lugares, los avances han sido insuficientes y la cobertura está estancada; ejemplo de ello son los Estados Árabes, parte de Europa, Asia Central y África, siendo esta última región la que cuenta con la cobertura efectiva más baja.
Los retos a los que se enfrentan los niños son cada vez mayores y se agravan como consecuencia de los efectos actuales de la COVID-19, la crisis del costo de la vida, el aumento de la fragilidad, los conflictos y los desplazamientos, y los efectos de la emergencia climática. La COVID-19 ha tenido importantes repercusiones en la pobreza infantil, ya que en 2020 se produjo un aumento de esta a nivel mundial que no se registraba desde hacía generaciones. Los niños constituyen el 41% de los 83,9 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Dada la naturaleza cada vez más prolongada de las crisis, los niños desplazados corren un alto riesgo de pasar una cuarta parte de su infancia en la penuria y enfrentarse a un futuro incierto.
Es fundamental para defender los derechos de los niños y frenar la aceleración de la pobreza infantil provocada por la crisis, mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social. Una base de alta cobertura marca una diferencia fundamental, pero debe complementarse con sistemas nacionales diseñados para responder a las crisis. Para ello es necesario que los sistemas se centren en la preparación y el aumento de la resiliencia antes de que éstas se produzcan, así como que cuenten con marcos políticos y mecanismos operativos que permitan una rápida ampliación y la inclusión de las poblaciones afectadas por las crisis. Ello se extiende al fortalecimiento de los sistemas de protección social en contextos afectados por la fragilidad, y al desarrollo de sistemas incipientes sobre los fundamentos creados por la ayuda humanitaria, incluidas las transferencias monetarias humanitarias. En el mundo, el 73% de las personas vive en condiciones de pobreza extrema y el 24% vive en contextos frágiles.
La protección social también presenta importantes brechas en relación con la perspectiva de género, y los datos muestran que sólo el 12% de las medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19 tienen en cuenta las cuestiones de género. Para garantizar que la protección social sea sensible al género se necesitan una serie de regímenes de protección social y políticas favorables a la familia, incluidas transferencias sociales, prestaciones de maternidad, políticas de cuidados y licencias parentales, así como la conexión de los regímenes de protección social con servicios más amplios que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Las familias de niños con discapacidad se enfrentan a costos más elevados, dado el apoyo y los cuidados adicionales que éstos necesitan para llevar una vida plena; sin embargo, las responsabilidades adicionales de cuidados en el hogar hacen que, aunque las necesidades sean mayores, los ingresos sean a menudo menores. El trabajo llevado a cabo sobre la evaluación de la discapacidad y la comprensión de sus costos es la base de los sistemas de protección social que tienen en cuenta la discapacidad y, si bien está avanzando en muchas partes del mundo, es importante que se extienda a todos los países.
Aunque existen vías de probada eficacia para extender la protección social de los niños hacia la cobertura universal, la inversión sigue siendo insuficiente. Las prestaciones universales por hijo a cargo, en particular, constituyen una opción simple y progresiva para lograr la cobertura universal de los niños. En los países de ingreso alto, hace tiempo que los datos reflejan la rentabilidad de las prestaciones universales por hijo a cargo para hacer frente a la pobreza infantil, y en los países de ingreso mediano las simulaciones muestran que un gasto anual del 1% del PIB puede reducir la pobreza del conjunto de la población en un 20% y que la reducción de la pobreza infantil sería igual o superior a esta cifra. Lamentablemente, el gasto sigue siendo demasiado bajo para cubrir el déficit de financiación, ya que los países de ingreso mediano-alto sólo destinan el 0.5% y los de ingreso bajo el 0.1% del PIB a la protección social de la infancia.
La ruta hacia la protección social universal de los niños requiere cerrar la brecha de la cobertura y que los responsables de la formulación de políticas a nivel nacional adopten un camino óptimo en la construcción de una protección social de los niños a través de seis pasos:
- Acelerar el progreso hacia la cobertura universal de los niños como paso fundamental para mejorar su bienestar;
- Garantizar niveles de prestaciones adecuados para generar un cambio significativo en la vida de los niños;
- Proporcionar una gama integral de prestaciones que apoyen a los niños y las familias a través de un enfoque de ciclo de la vida;
- Asegurar una financiación sostenible y equitativa de los sistemas de protección social que permita la inversión necesaria en la protección social de los niños;
- Construir sistemas de protección social basados en derechos, inclusivos, sensibles a las cuestiones de género, fundamentados en el diálogo social y capaces de responder eficazmente a múltiples crisis y choques, y que, por lo tanto, puedan beneficiar a los niños y a las familias; y
- Velar por que los sistemas de protección social se adapten a la evolución del mundo del trabajo para mejorar la seguridad económica de los padres, los cuidadores y las familias.
Arturo Rangel Bojorges Mendoza
Consejero Suplente ante el H. Consejo Técnico del IMSS.
Información obtenida de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF.
