ACTIDAD LEGISLATIVA DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2024.
COMISION PERMANENTE
CAMARA DE SENADORES
COMISON DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ASUNTO: Proyecto de decreto que modifica el capítulo II "De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores" y se adiciona un nuevo párrafo cuarto al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
PROPONENTE: Dip. Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
GACETA PARLAMENTARIA: 03 de julio de 2024.
SINTESIS: Propone que se otorgue un estímulo fiscal al impuesto sobre la renta a personas físicas o morales con actividad empresarial que contraten a jóvenes de entre 15 y 22 años, consistente en el 25% del salario que se le pague a la persona contratada.
COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
ASUNTO: Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del apartado A; y se adiciona un inciso g) a la fracción XI del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PROPONENTE: Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
GACETA PARLAMENTARIA: 03 de julio de 2024.
SINTESIS: Propone establecer que los patrones ya sea en el ámbito público o privado, deberán de asegurarse que las prestaciones de seguridad social se entreguen al trabajador por el tiempo proporcional al que laboren sin importar el régimen de contratación laboral o de posible disposición en contrario de Contrato Colectivo de Trabajo.
COMISION DE TURISMO
ASUNTO: Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, la fracción VII; artículo 11, segundo párrafo; artículo 12, segundo párrafo, y artículo 13, segundo párrafo, de la Ley General de Turismo.
PROPONENTE: Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
GACETA PARLAMENTARIA: 03 de julio de 2024.
SINTESIS: Propone incluir como uno de los objetos de la Ley General de Turismo el principio de no discriminación y equidad de género en la instrumentación y aplicación de políticas públicas y fomento al turismo.
DIALOGOS NACIONALES
REFORMAS CONTITUCIONALES AL PODER JUDICAL
¿QUÉ PODER JUDICIAL TENEMOS? ¿QUE PODER JUDICIAL TENEMOS?
1° Diálogo Nacional sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, con el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? 27 de junio de 2024
Con fecha 27 de junio de 2024, en la Cámara de Diputados de San Lázaro, se dio inicio a los nueve foros nacionales de los diálogos sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, cuyo objetivo es ampliar el análisis y discusión de los proyectos de reformas constitucionales que se encuentran en esta Cámara.
Diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC, PES y PRD, expresaron su postura respecto a las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, señaló que están dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos y protocolos que garanticen independencia y autonomía plena de los órganos; sin embargo, afirmó que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, y la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial, deben estar sujetos a la voluntad popular.
Enfatizó que mantendrán y preservarán los derechos de todas y todos los trabajadores del Poder Judicial, porque son derechos adquiridos que no se pretende vulnerar. Agregó que los nueve diálogos nacionales están estructurados para que participen de manera específica todo aquel que esté interesado, desde los juzgadores e intermediarios entre los impartidores de justicia hasta quienes claman justicia.
- Una reforma integral debe incluir a policías y fiscalías
El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería Del Puerto, dijo que coinciden en que se necesita una reforma judicial; sin embargo, puntualizó, la propuesta del Ejecutivo Federal genera inquietud en aspectos como la elección de jueces, ministros y magistrados, porque se argumenta que se solucionarán problemas de corrupción, que habrá mayor independencia y autonomía del Poder Judicial, pero no hay ningún elemento que permita asegurar que será así.
Ante ello, recalcó, se tiene que revisar bien lo planteado, porque si no se logra eliminar la corrupción y reducir la impunidad, estamos llamados a hacer una reflexión profunda y seria. Insistió en que para hablar de una reforma integral se tiene que tomar en cuenta a las fiscalías y a las policías. “Hay cosas que le faltan y no se habla de ellas”.
- México merece un Poder Judicial que cuente con recursos
El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, aseguró que el final de un sexenio no es el momento oportuno para un debate y los cambios que se proponen ni las consecuencias. México, agregó, merece un Poder Judicial que cuente con los recursos para enfrentar la responsabilidad que se le ha asignado, pues hasta hoy los poderes ejecutivos y legislativos no han estado a la altura de satisfacer las necesidades que permitan mostrar qué es lo mejor que pueden dar.
Recalcó que no se puede exigir justicia pronta si no hay juzgados suficientes y menos cercanos al justiciable, o si no se les remunera correctamente a los integrantes de estos poderes. “Queremos un Poder Judicial al que no se le pida ser parte, y menos que se le trate de imponer un criterio alejado de la Constitución y de los tratados internacionales”.
- Serán escuchadas las opiniones de expertos
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) señaló que este ejercicio de diálogo demuestra que el objetivo es construir un país de leyes que se generen con los mecanismos que los hagan respetar y un Sistema Judicial que le brinde un verdadero funcionamiento a la República y lograr un real equilibrio de poderes. “Estaremos atentos a todas las propuestas que se viertan en estos diálogos”.
El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, celebró la disposición de todas las fuerzas políticas para realizar este diálogo nacional. “Lo que queremos es construir lo mejor para México, estaremos atentos y asistiendo a cada uno de los foros para escucharlos, conocer las opiniones que tienen ustedes como expertos y ver qué Poder Judicial tenemos y cuál queremos”.
- Es una revolución al Poder Judicial
El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, dijo que esta no es una reforma, sino una revolución al Poder Judicial, pues se plantea un esquema que no existe en ningún lugar del mundo: la elección por voto universal, secreto y directo de todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministras y ministros.
“Le estamos devolviendo al soberano, el pueblo de México, el control, a través del voto, de los tres Poderes de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No es una arrogancia o falta de disposición a escuchar. Sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México, que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto”
- Cambios en el Poder Judicial para ser el mejor contrapeso
El senador Dante Delgado Rannauro (MC) externó que su postura es a favor de cambios en el Poder Judicial, pero no para dejar de ser contrapeso, sino para ser el mejor. Una modificación que implique su debilitamiento y desmantelamiento, sería una irresponsabilidad histórica. “No podemos permitir que el país caiga en una espiral de descomposición institucional de contrapesos y del Estado de derecho”.
Señaló que su grupo parlamentario estará presente en todos los diálogos de la reforma para escuchar a especialistas, académicos, colegios y barras de abogados y sociedad civil, pues de nada servirán esto foros si son una simulación. Planteó lograr una reforma con visión republicana, que conciba toda la cadena de procuración e impartición de justicia e incida en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y sus facultades.
- SCJN debe transformarse en un tribunal constitucional
En representación del PES, la senadora Sasil De León Villard, coincidió en la necesidad de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional y Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero y cercano a la población.
Afirmó que esta reforma promoverá la participación ciudadana al garantizarse que la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, sean mediante la elección popular; asimismo, celebró el inicio de estos diálogos nacionales por la transformación del Poder Judicial.
- Necesaria, la reforma para garantizar su autonomia
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, subrayó que es necesario reformar al Poder Judicial para garantizar su autonomía, aumentar su eficacia y mejorar el acceso a una justicia de calidad. “Hoy estamos frente a una reforma que hasta ahora no resuelve de fondo los problemas de acceso a la justicia, ni de rezago en la impartición de ella, por eso confío en que estos foros contribuyan para mejorar la certeza y certidumbre del espíritu de la misma y que lo planteado se incorpore en la reforma”.
Se pronunció por que la reforma no afecte principios de progresividad y calidad en la impartición de justicia y de seguridad jurídica. Coincidió en que es necesario separar la Suprema Corte, tanto en funciones como en personas, del Consejo de la Judicatura Federal. Puntualizó que es indispensable cuidar la garantía de los derechos humanos en materia laboral de las casi mil 700 personas que cesarán su función en cuanto tomen protesta los nuevos.
- PARTICIPACION DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SCJN
Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) externaron sus posturas sobre el tema ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, expresó que este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que involucra a todos los poderes de la Unión, como es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local. Añadió que desde la judicatura federal participarán y expresarán sus posturas sobre cada uno de los temas que en ella se aborden.
Indicó que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, y pensar en una reforma a este Poder implica reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. “Seamos críticos de la justicia en México, la realidad no nos permite otra actitud”.
Un paso veloz ante modificaciones estructurales, consideró, solo puede dar entrada a problemas mayores. En la reforma judicial que hoy convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad; “las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas”.
Expresó su convicción por que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. “Estamos abiertos a entablar un diálogo real, responsable, pero para ello se requiere voluntad de reflexión. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
- Intervención de ministras y ministros de la SCJN
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integran la Judicatura Federal. “Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan sus servicios con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción no la regla general”.
No obstante, añadió, se debe reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la que servimos. Dijo que de manera personal no comparte que el mecanismo de elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte por voto directo de la ciudadanía, sea el más idóneo. Sugirió que la sustitución sea de manera gradual, escalonada y atendiendo las vacantes que naturalmente se van presentando.
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, expresó que cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: el garantizar justicia. Propuso limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
Asimismo, limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional, eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y magistrados de tribunales administrativos o agrarios, y transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, así como revisar quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional.
El ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, enfatizó que hay un reclamo innegable de justicia en la sociedad que no encuentra remedio en el modelo actual, pero de aprobarse la reforma en sus términos, no ofrece solución integral de los problemas que aquejan al país a nivel federal y local.
Por lo tanto, indicó, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de mexicanos; sin embargo, “ya no es tiempo de críticas, sino de contribuir y dialogar sobre los objetivos y retos que contiene, que pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, transparencia y responsabilidad pública, cuyos objetivos son loables y apremiantes”.
Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, subrayó que el cargo de juzgador no puede sustentarse en apoyos directos e indirectos que recabe durante una campaña para lograr ganar una elección, pues inevitablemente comprometerá la independencia y resolución, y estaría más propicio a la corrupción y conflicto de interés. “Más de 30 mil oficiales, actuarios y secretarios perderán el incentivo para prepararse para llegar a ser juez y en un futuro ser magistrados, pues deberán salir a buscar los apoyos para ganar la elección”.
Dijo estar convencido de que la mayoría de las personas juzgadoras, así como demás integrantes de la carrera del Poder Judicial, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes y dan su mejor esfuerzo en la impartición de justicia. Advirtió que la elección por votación popular no es la solución que aquejan a este Poder y en realidad esta propuesta podría agravarlos.
La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que es un imperioso deber efectuar los cambios que requiere la función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana, como la elección de juzgadores por elección y que quienes participen tengan la preparación jurídica y el conocimiento técnico de las materias sobre las que va a juzgar, a fin de elevar su nivel técnico y de competencia.
El reto, expresó, es mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constitucionales e inclusive con relación a poderes fácticos y económicos.
Propuso la elección popular de las y los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial; la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistradas y magistrados; garantizar la idoneidad y excelencia de quienes participen, que se respeten los derechos laborales de todas y todos, la observancia de la paridad de género, jueces cercanos a la gente y justica para todos por igual.
El también ministro de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. “Una reforma al Poder Judicial mal hecha afectará a la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”.
Lo mejor, afirmó, sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya se tiene, cuando es bien implementado es superior, ya que toman decisiones más consistentes. La eventual reforma debe incluir: profesionalización de la función judicial, garantía de estabilidad en el cargo, remuneración justa y plan de retiro digno, profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas, revisión de los poderes locales, así como fortalecimiento del arbitraje.
A su vez, el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, dijo coincidir con el eje fundamental de la iniciativa que plantea el Ejecutivo, en virtud de que las instituciones del Estado no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción que demanda la sociedad; no obstante, toda propuesta de reforma impone un estudio profundo y la prisa no es buen consejero, por lo que no es recomendable tomar riesgo alguno.
Sin embargo, enfatizó que el país no debe dejar pasar la oportunidad que representa esta iniciativa, por lo que apeló a la experiencia legislativa y judicial, para impulsar la reforma, de tal manera que los tres poderes unidos, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo, pues “eso es lo que persigue una mejor justicia”.
Al abordar los mecanismos de selección de quienes integran los más altos órganos del Poder Judicial de la Federación, la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf apuntó que, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo más relevante para un procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo directo o indirecto de elección, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos de carácter político afectando así la convicción de los justiciables.
“Dentro del Sistema Interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país estos siempre deberán contar con criterios objetivos de seleccionados basados en méritos personales y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación de acceder al cargo en igualdad de condiciones”.
Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN, expuso que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: estar orientada a resolver problemas, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez. Esta reforma, añadió, debe abordar lo relativo a las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas, ya que la ciudadanía relaciona estas áreas como parte del Sistema de Justicia.
Resaltó que otros aspectos que deben ser considerados son el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y de la escuela del Poder Judicial de la Federación, impulsar la capacitación de las fiscalías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda y de atención a víctimas, mejorar a la carrera judicial, la creación de figuras como jueces mediadores, así como promover la asesoría jurídica gratuita en zona prioritarias y el uso de la tecnología e inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial.
El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, dijo estar a favor de una verdadera carrera judicial pues ésta garantiza la independencia de los jueces, es una institución que se ha perfeccionado, evolucionado y es un derecho del pueblo, no un privilegio de los juzgadores; por ello se tiene que perfeccionar. “No es una cuestión accidental, es sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo”.
Consideró que en la reforma se debe abordar el tema de la justicia en los estados porque es necesario contar con un sistema más estricto de selección de los juzgadores, para que no sean los gobernadores los que impongan a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
- INTERVENCION DE REPRESENTANTES DEL CJF, PODER JUDICIAL DE LA CDMX, TRABAJADORES DEL PJF Y ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS
La consejera del CJF, Eva Verónica de Gyvés Zárate, señaló que esta reforma pretende combatir la corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y abusos, y de ninguna manera busca debilitar a los poderes judiciales; por el contrario, su finalidad es reconfigurar una parte del sistema judicial, incorporando mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar en la selección de juzgadoras y juzgadores, quienes por mandato constitucional son los encargados de impartir justicia.
Además, la reforma judicial pretende eficientar el sistema de impartición de justicia, en donde hay cosas que pueden ser rescatadas del sistema que hoy en día se tiene, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia para lograr un Estado de derecho donde las personas juzgadoras cumplan con sus responsabilidades en el marco de la ley e impartan justicia imparcial y expedita.
Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, planteó mejorar el sistema de selección de jueces como dar mayor autonomía a la entidad encargada de los procesos de selección, controles más estrictos que aseguren la visión y supervisión de los poderes de la Unión en estos procesos, mayor convocatoria con acciones afirmativas para asegurar los ascensos de más mujeres a los cargos de dirección, y convocatorias abiertas y universales que permitan a todas las personas aspirar al cargo de juzgador federal.
Precisó que si se decide optar por otro sistema se debe asegurar que en los procesos de selección existan mecanismos que aseguren la idoneidad, expertis y conciencia social en los aspirantes, así como establecer una entrada en vigor que permita evaluar los avances como varios procesos de selección diferidos por etapas, materias y por grados. La creación de una entidad que agrupe los esfuerzos en la transición, así como cláusulas transitorias expresas y claras ante los eventuales cambios que protejan a la clase trabajadora.
El consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, dijo que el Poder Judicial está abierto a otras vías para acceder a la función jurisdiccional como la contenida en la propuesta de reforma; sin embargo, dejó claro que la transición debe ser ordenada y gradual, y que la incorporación de nuevos perfiles genere certidumbre a todos los sectores de la sociedad.
Asimismo, que se garanticen organismos autónomos de selección y designación para que quienes aspiren cuenten con los más altos estándares de calidad técnica y se respete la estabilidad de los juzgadores federales y locales que están en servicio y de sus derechos constitucionales y laborales por los que fueron designados. “El único compromiso que tiene un juez es con la verdad, con la Constitución; de ninguna manera puede considerársele un gestor de intereses por legítimos que estos sean”.
También del CJF, la consejera Lilia Mónica López Benítez se manifestó por un Poder Judicial profesional, autónomo e independiente, que ponga en el centro del debate la información y la capacitación. Se aspira a una Judicatura donde la corrupción y el nepotismo estén ausentes, y prevalezca el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos.
Hizo votos por tener un Poder Judicial que escuche a las personas, resuelva en los plazos legales y haga uso de los avances tecnológicos para mejorar el acceso a la justicia y a la información para fortalecer la vinculación social. “Reforma, sí, pero con base en mecanismos ágiles, efectivos y disuasivos, con un sistema de justicia reforzado, a partir del diálogo, unanimidad y respeto institucional y fortalezca la independencia de los tres poderes de la Unión; una reforma integral que trascienda divisiones en beneficio de la persona justiciada y de México”.
Bernardo Bátiz Vázquez, consejo de la Judicatura Federal, aseguró que los conceptos de impartición de justicia y democracia no deben estar enfrentados, pues el Poder Judicial tiene como los otros dos poderes la representación de la soberanía popular, pero se distingue por muchos aspectos, ya que quienes sirven como jueces y magistrados, tienen una vida personal difícil que el resto de los servidores públicos, por lo que estas diferencias se tienen que tomar en cuenta.
Ahora, añadió, el pueblo tendrá la responsabilidad de elegir, de votar con acierto, con sabiduría, pero quienes hagan las propuestas deben ser muy cuidadosos y proponer muy bien a quienes serán los candidatos, así como respetar los derechos adquiridos y humanos de quienes actualmente ocupan los cargos en el Poder Judicial, pero sobre todo respetar la voluntad popular. “No desconfiar de que el pueblo tiene capacidad, inteligencia y sabiduría”.
Designación por voto sea para personas de nuevo ingreso
El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que para responder a las necesidades de la sociedad es indispensable reformar al Poder Judicial, el cual debe estar a la altura del momento histórico del país.
Manifestó su acompañamiento a la reforma del Ejecutivo, pues es una oportunidad para modernizar, depurar y consolidar la justica en el país y representa un paradigma basado en el respeto de la voluntad popular.
Sugirió que, tratándose de jueces y magistrados, federales y locales, la designación por voto sea gradual y se aplique a las personas juzgadoras de nuevo ingreso, en respeto estricto a los derechos adquiridos de las y los juzgadores, para garantizar una transición basada en la carrea judicial y una justicia de calidad.
Reforma debe fortalecer y no destruir al Sistema Justicia
La directora Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, comentó que las personas juzgadoras en activo y en retiro hacen votos para que a través de estos diálogos se construya una reforma que fortalezca y no destruya al Sistema de Justicia. Afirmó que esta propuesta va en contra de la demanda ciudadana que plantea la necesidad de jueces independientes.
Expuso que si los jueces son elegidos por el voto popular ¿cómo se garantizará a la sociedad que su única lealtad sea la ley y la justicia y no a quienes lo promueven? Aseguró que la carrera judicial es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, porque se basa en la preparación y capacidad del juzgador, por lo que elegir a las personas juzgadoras por voto popular genera graves desventajas y riesgos.
Se requiere presupuesto para impartir justicia
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, propuso que quien ocupe los cargos de jueces y magistrados se considere primero al personal de carrera judicial, los secretarios de tribunal y de juzgado, que tengan por lo menos cinco años de experiencia profesional pues “no cualquiera puede ser juez”. Destacó la importancia de que el Poder Judicial se mantenga ajeno a toda clase de influencias externas que afecten la autonomía en las decisiones jurisdiccionales.
Dijo que se requiere un Poder Judicial que cuente con presupuesto para impartir justicia de manera cumplida y pronta, que mantenga equilibrio entre los demás poderes y tenga visión humanista en favor de los que buscan justicia. “Que para ser nombrados jueces y magistrados se respete el marco constitucional, que no se soslayen los años de experiencia, la especialización, profesionalización, estudio y se respete la carrera judicial”.
Un Poder Judicial democrático
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la SCJN, señaló que la legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. “En los diálogos de la transformación la gente dijo que se tienen una justicia elitista, que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, castiga la pobreza y no a la delincuencia, y que no tiene legitimación social”.
Dijo que, en estas elecciones, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y justicia diferente. “Casi 36 millones de votos le dijeron a las ministras y ministros: no más injusticia, un Poder Judicial democrático y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular”.
Representante de la FGR
Oscar Bernache Domínguez, titular de la Unidad de Vinculación de la Fiscalía General de la República, a nombre del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se manifestó para que sean para bien estos diálogos y se logre construir una gran reforma al Poder Judicial, y represente un trabajo político de consenso.
2° foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal. Con el tema “Conformación y reorganización del Poder Judicial” Guadalajara Jalisco 01 de julio de 2024
Ana Sofía Torres Menchaca, maestra en derecho constitucional y derechos humanos, expresó que es una reforma compleja, amplia, bien elaborada y con argumentos. Consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.
No obstante, dijo, es incompleta si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.
Sobre la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.
No generar una parálisis en las decisiones de la SCJN
Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros es importante considerar los fundamentos de la gobernabilidad; es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó a considerar el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan las diferentes disciplinas jurídicas sobre las cuales tendrían que estar preparados; además, garantizar la transversalidad de género.
Las personas candidatas a jueces no deben hacer campaña
El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, exhortó a los próximos legisladores a no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, pues la asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad, acordes a su responsabilidad.
Los jueces, dijo, no deben hacer campañas; “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.
Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un Poder Judicial que se deba a cuotas de partido”.
Existen puntos que deben evaluarse a profundidad
Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, señaló que existen puntos de la reforma que deben evaluarse a profundidad; entre ellos la elección de personas juzgadoras, por lo cual propuso que se considere que las y los jueces cuenten con las condiciones necesarias exigidas, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y que sean más receptivos a las necesidades de las personas.
Para aspirar a una candidatura a juez o jueza se deben poner candados estrictos: tener carrera judicial sólida entre 5 o 10 años y no haber sido sancionado por falta grave. En caso de no contar con una carrera judicial, la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial.
El Poder Judicial debe rendir cuentas
La abogada Katya Fernanda Ocampo Sáenz afirmó que la reforma propuesta cambia el mecanismo de elección de las personas juzgadoras, para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Cámara de Diputados propongan 10 candidatos cada uno, e integren la lista de lo que votaría la población de manera libre y secreta. “Al final, la responsabilidad caerá en los tres Poderes, pero la última palabra la debe tener el pueblo”, enfatizó.
Llamó a no tener miedo a que la ciudadanía decida los perfiles que irán al máximo tribunal y resolverán los asuntos más relevantes para el país, y a abandonar la visión de la justicia elitista que ha dejado decisiones en los que se consideró que eran los únicos que sabían derecho. “Apostemos por un Poder Judicial que rinda cuentas, que tenga cercanía y resuelva en favor de la gente.
Necesario, avanzar en consensos
Fany Lorena Jiménez Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa y magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, reconoció el valor de la propuesta de un cambio consensuado y definir un proceso, para que de manera paulatina, transparente y democrática se ocupen los cargos de ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos.
Detalló que someterse a órganos disciplinarios debe ser una constante, donde se les exija un estándar de excelencia y profesionalismo para alcanzar una justicia igualitaria, transparente, equitativa, con paridad y respetuosa de los derechos humanos. Por ello, pidió avanzar en los consensos que permitan hacer un cambio democrático para que el pueblo de México y cada entidad de la República confíe en el Poder Judicial.
Se deben proteger los derechos humanos
Marcos del Rosario Rodríguez, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que para garantizar el acceso a la justicia se requiere de jueces que la administren con perspectiva de derechos humanos, cuenten con el suficiente criterio para dar entrada a los asuntos que requieren una atención urgente o, en su caso, dictar las medidas cautelares necesarias de manera oportuna y pertinente, y de esta forma proteger los derechos humanos que puedan verse en riesgo.
Señaló que es indispensable que quienes integran los cargos jurisdiccionales estén ajenos de cualquier interés o pretensión de partes de grupos políticos, económicos o delincuenciales, ya que de lo contrario sus decisiones al momento de resolver una litis estarán sesgadas.
El Consejo de la Judicatura requiere modificación
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección II, Toluca, Víctor Flores Nicolás, resaltó que el actual Consejo de la Judicatura Federal requiere una modificación, porque no puede estar en manos de una sola persona. La SCJN y el Consejo “son muy independientes”.
Comentó que en el Consejo de la Judicatura existen infinidad de demandas y quejas por acoso sexual, acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas; por ello, propuso que al CJF así como al Tribunal de Disciplina Judicial se integren representantes de trabajadores que provengan del sindicato, a fin de que haya un contrapeso del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal.
Hay nepotismo en el Poder Judicial; la reforma es fundamental
Jaime Cárdenas Gracia, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que hay un gran problema de nepotismo en el Poder Judicial, federal y local, ya que, en la carrera judicial, casi el 84 por ciento de los concursos son cerrados y es un poder con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones; de ahí que la reforma es fundamental.
Planteó que la elección de las ministras, ministros, jueces y magistrados debe ser el mismo día del resto de las autoridades electas. Estimó que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser poderoso y capaz de superar el secreto fiscal, bancario, ministerial y fiduciario, así como tener facultades para asegurar bienes y congelar cuentas de funcionarios judiciales. Pidió que en la reforma secundaria se establezca un catálogo de faltas administrativas y de delitos.
La propuesta al Poder Judicial fortalece la democracia
La abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, argumentó que la nueva composición de la Suprema Corte plantea que todos los asuntos los resolverá el Pleno, en lugar de las dos Salas que existen actualmente para hacerlo, lo cual favorece a la democracia, porque se podrá conocer ahora a quienes conformarán este tribunal y permitirá restaurar el equilibrio de poderes.
Consideró que la propuesta del Instituto de la Defensoría Pública es un error, en virtud de que los defensores públicos están muy saturados, En este sentido, se pronunció porque se les recorten prebendas innecesarias a los ministros, como camionetas, seguro de gastos médicos mayores, lo cual es ilegítimo democráticamente, y con esos recursos, fortalecer a los tribunales y juzgados que tengan mayor necesidad.
Integrar la SCJN conforme a circunscripciones, circuitos o regiones
Al referirse a la nueva integración del Pleno de la SCJN, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Constitucionalista, Javier Hurtado González, dijo que la iniciativa cuestiona el supuesto prejuicio de que quienes hacen las leyes pueden ser electos y quienes las integran no, y se revisa el concepto de autonomía del Poder Judicial pues esta se ha tergiversado. “La autonomía es de la función jurisdiccional, no del Poder Judicial, no puede haber en el mundo ni en una democracia un Poder autónomo e independiente, es un absurdo y una contradicción histórica”.
Propuso que en lugar de una lista de 30 candidaturas de las que se va a integrar la SCJN sean tres listas divididas en igual número de circunscripciones, circuitos o regiones con candidatos oriundos o que hayan hecho su carrera profesional en alguna de las entidades de esa delimitación.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) señaló que la reforma propuesta, sobre todo en el tema de la elección de jueces, ministros y magistrados, plantea que el presidente de la República ya no tenga el monopolio de proponer ministros y que no haya una elección indirecta; por ello, es importante conocer las opiniones de especialistas sobre esta propuesta.
Dijo que en estos foros se busca conocer qué se puede hacer para que la justicia sea pronta, expedita y gratuita, y es plausible el esfuerzo para escuchar todas las posturas. Relató que su grupo parlamentario tiene mayoría calificada “y podríamos tomar decisiones como se tomaban en otros tiempos, pero eso no es lo que anima”.
Elección por voto popular no es una opción
Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, reconoció que se puede mejorar el Poder Judicial; sin embargo, expresó que la elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para su grupo parlamentario, toda vez que parte de una mentira, pues quien elegirá a estas personas son los poderes, es decir partirán de una terna que emitirá la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial.
Añadió que para que esta reforma fuera robusta, se debería comenzar por las fiscalías, que son el primer contacto de la ciudadanía con la justicia. Pidió ser “humildes a la hora de emitir sus opiniones y no asumir que tienen la mayoría calificada”, ya que aún esa parte le toca calificarla al Tribunal Electoral, por lo que consideró necesario verificar que esta reforma salvaguarda los derechos adquiridos de juzgadores federales y locales, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sí, a una reforma profunda del Poder Judicial
Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez destacó la importancia de construir y consolidar un México de libertades y de equilibrio de poderes, y pidió a quienes serán las y los próximos legisladores “votar en contra de esta reforma. No hay manera de transitar hacia un país que vigile el equilibrio de los poderes, sometiendo al Poder Judicial a otro poder”.
Pugnó por una reforma profunda del Poder Judicial que garantice a los impartidores de justicia hacer su labor en condiciones de paz y respeto. Externó su respeto a quienes imparten justicia de manera pronta, expedita y apegados a la legalidad, pero alertó que nadie habla de qué presupuesto se le otorgará al Poder Judicial, cuando hoy únicamente ese le da el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La administración de justicia es conocida por su lentitud
La diputada del PVEM, Claudia Delgadillo González, dijo que este foro brinda una oportunidad de reflexionar sobre las deficiencias y retos que enfrenta el sistema de justicia y permite delinear el camino hacia un sistema justo, inclusivo y eficaz, ya que el modelo actual se caracteriza por ser viejo y conservador que no brinda reparación a las víctimas, y no actúa de manera equitativa.
Destacó que las personas de bajos recursos enfrentan falta de información y carencia de una representación legal adecuada, aunado a que la corrupción dentro del sistema legal es una preocupación constante para todas y todos los habitantes, influenciado por intereses políticos y económicos que generan desconfianza. “La administración de justicia es conocida por su lentitud y procedimientos burocráticos excesivos”.
La reforma es necesaria
Irma Juan Carlos, diputada de Morena, subrayó que a las personas indígenas no se les ha escuchado y “somos los más desprotegidos y a los que más se ha humillado”. Pidió conocer cuántas mujeres y hombres indígenas hay en la cárcel sin sentencia, “y que aún, a pesar de haber sido sentenciados, cuántos son culpables”.
La mayoría de las personas encarceladas, dijo, son pobres, de comunidades rurales e indígenas y “la justicia aquí es para los que tienen dinero”. Consideró que la reforma al Poder Judicial es necesaria por los lujos y privilegios que gozan los juzgadores, así como por los sueldos elevados, autos de lujo y casas.
La reforma al Poder Judicial le pertenece al pueblo de México
El diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) afirmó que el pueblo quiere una reforma judicial y dejó en manos del Poder Legislativo el cómo instrumentarla y si será gradual el nombramiento de ministros, jueces y magistrados. De ahí, afirmó, la importancia de las aportaciones de las y los participantes al foro, quienes actúan de buena fe, con conocimientos y confían en una República con auténtica división de poderes.
Lo que está en discusión, subrayó, es la sensibilidad social de un Poder de la Unión, como el Judicial, y su reforma no le pertenece al presidente, a los partidos políticos ni a los abogados, sino al pueblo de México. Se pronunció porque no haya ningún Poder sobre la soberanía popular y la voluntad de la gente, por lo que expresó “no hay que tener miedo al pueblo”.
La Suprema Corte debe estar por encima de cualquier interés particular
El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, se manifestó a favor de la reforma del Ejecutivo Federal, pero sin vulnerar su independencia para que la impartición de justicia esté a favor del pueblo; por eso, hizo un llamado a los diversos sectores a no perder la oportunidad de reformar el sistema judicial.
Sin embargo, indicó que se puede convertir en un riesgo y daño para México si se desvía el sistema democrático de pesos y contrapesos, así como el equilibrio de los poderes públicos, pues se debe entender que la Suprema Corte es una instancia del Estado que siempre debe estar por encima de cualquier interés particular y no puede estar subordinada a mayorías partidistas, a poderes fácticos ni a gobiernos en turno.
El sistema judicial debe ser accesible, equitativo y eficiente
La diputada electa Mery Gómez Pozos (Morena) indicó que la reforma al Poder Judicial es una oportunidad para transformar el sistema a fin de que sea accesible, equitativo y eficiente. La equidad, indicó, es un pilar central de esta reforma. Expresó que un sistema judicial que actúe sin discriminación y en el que todas y todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto, es esencial para construir una sociedad más justa.
Señaló que la reforma también contempla la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva integración de jueces, magistrados y ministros. Esta reestructuración es vital para asegurar que el Poder Judicial actúe con independencia y eficiencia, estableciendo un marco de responsabilidades claras y efectivas. La duración de los cargos, la evaluación permanente y continua, y el régimen de responsabilidades, son aspectos cruciales para garantizar la imparcialidad y el compromiso con el bienestar público.
Respuestas de ponentes
Eduardo Casillas Ávila, catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que es fundamental que esta reforma se cuestione si se quiere continuar con una Suprema Corte del derecho o de justicia, ya que en los estados democráticos existe una división de poderes donde le corresponde al Poder Judicial la impartición de justicia, mediante jueces, magistrados y ministros designados, de acuerdo a lo establecido por la ley; no obstante, estos no deben atender instrucciones del gobernador en turno o cuotas de poder de los grupos sociales.
Subrayó que la reforma plantea establecer las formas de nombramientos de las y los integrantes del Poder Judicial a través de un sistema democrático, para que sean electos por el pueblo quienes reúnan los requisitos de conocimiento, experiencia y, sobre todo, con una probada honestidad y con ética que esté por encima de todo pundonor de su probidad.
Javier Hurtado, constitucionalista y profesor de El Colegio de Jalisco, destacó la trascendencia e importancia de la iniciativa del Ejecutivo Federal, porque viene a subvertir, cuestionar y abre una nueva etapa en el pensamiento político acerca de la posibilidad de romper un prejuicio de que los poderes judiciales no pueden ser electos popularmente.
Sostuvo que no hay ninguna razón ni fundamento para que los miembros del Poder Judicial no puedan ser electos; “es un prejuicio”.
Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, destacó que la iniciativa habla mucho de que magistrados y jueces van a poder participar en estas novedosas elecciones, pero nadie dice cómo ni por qué, de qué medio o de qué forma; por eso, celebró la iniciativa del presidente de que los tres poderes puedan participar con sus candidatos en cada una de las vacantes.
Argumentó que no se trata de estar de acuerdo o no en el tema de la elección popular de juzgadores, sino de ver cómo participar o hacerle ver a la sociedad “que nosotros los jueces también somos producto del esfuerzo, porque también somos pueblo, somos mexicanos y también venimos desde abajo y somos producto de escuelas públicas”.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que en la elección de jueces, magistrados y ministros se garantiza también la inamovilidad. Durante 12 años los ministros serán inamovibles al menos que incurran en una falta grave, mientras que los jueces y magistrados serán electos por nueve años y podrán ser reelegidos por el pueblo.
Comentó que los salarios de ministros, magistrados y jueces no podrán ser superiores a los del presidente de la República, como establece el artículo 127 de la Constitución Política.
En tanto, la abogada Gabriela Díaz Salinas indicó que en materia de derechos laborales actualmente no se respetan las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual se recurre a tribunales internacionales y otros organismos especiales.
Al dar por concluido el segundo foro, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (Morena) declaró que el pueblo eligió a sus representantes populares y ahora el pueblo exige tener la certeza jurídica, “pues todos merecen tener paz y seguridad donde todos seamos iguales”.
3° foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal. Magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial” Toluca Estado de México 02 de julio de 2024
Al moderar la mesa, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) dijo que en 1994 bastaron dos meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial, no se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que la aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal, hubo una disminución de 26 ministros a 11.
“Hoy no queremos hacerlo en el Recinto Legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar”, comentó.
Necesario, justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial
El magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial.
Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados.
La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.
El Poder Judicial debe contar con autonomía presupuestaria
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.
Hacer dignificante la labor
Carolina Villagrán, visitadora judicial “B” del Consejo de la Judicatura Federal, relató que son 19 visitadores a nivel nacional que revisan la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. “Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa. Los reco
